La ausencia campesina en Argentina como producción científica y enfoque de intervención

Pensando al campesinado en Argentina

Por Pablo Barbetta, Diego Dominguez y Pablo Sabatino

Como esas noticias que llegan tarde porque nadie las cree ciertas, nos hacemos eco de aquellas que indican que hay campesinos en Argentina. En distintas provincias se encuentran poblaciones que se reconocen como campesinas. Y a la vez, otro tanto se reconoce también como indígenas, es decir, campesinos que a la vez se presentan como parte de algún pueblo originario. Este proceso identitario lo observamos en el marco de una creciente conflictualidad por la tierra, y un también creciente activismo campesino visible en la emergencia de decenas de organizaciones en distintas escalas geográficas que adscriben su pertenencia al campesinado. Partiendo de estas realidades nos volcamos aquí a una reflexión sobre la cuestión campesina en términos empíricos y teóricos, y asumiendo una mirada desde la “sociología de las ausencias” (Santos; 2000), alertamos sobre la existencia de cierto rechazo a reconocer esta presencia en Argentina. En este sentido, para cumplir con dicho objetivo, en un primer apartado, sistematizamos brevemente las discusiones en torno a las conceptualizaciones que cuestionan el uso del concepto de “campesino” en Argentina para luego, recuperarlo en base a un cambio en nuestra posición epistemológica capaz de reconocer al sujeto campesino en sus discursos y prácticas. En el apartado final destacamos la importancia de los campos de experimentación que teje el campesinado en tanto querella en torno a los modos de ser, los modos de hacer y los modos de decir.

1. La persistencia de una incomodidad: Pensando al campesinado en Argentina.

La cuestión campesina ha generado un conjunto de polémicas que incluso ahora es difícil asegurar que estén saldadas: si el campesinado constituye o no una clase, y si es así en tanto “patatas en un saco de patatas” o si lo es en tanto “clase para sí”; o si por el contrario, los campesinos constituyen una fracción de clase, retardataria, reaccionaria; si este grupo constituye una categoría social integrante de una parte de la sociedad mayor estructurada en clases que se resiste a la modernización; o si por el contrario posee una racionalidad económica que rechaza las tecnologías no apropiadas; si como clase o grupo pertenecía a un régimen de producción ya concluido (como el feudalismo por ejemplo) o si su pervivencia bajo el capitalismo le vale su consideración también capitalista; si constituye un “modo de producción” o sólo es una “sociedad parcial” portadora de una “cultura parcial” (Sevilla Guzmán y González de Molina; 2004).
Detrás de estos debates pueden identificarse distintos paradigmas sobre el campesinado que abonan posiciones prácticas hacia el mismo, traducibles en distintos modelos de intervención pública o gubernamental (y privada), y apuestas políticas en general: “El paradigma del fin del campesinado comprende que este está en vías de extinción. El paradigma del fin del fin del campesinado entiende su existencia a partir de su resistencia. El paradigma de la metamorfosis del campesinado cree en su transformación en agricultor familiar.” (Martins de Carvalho, 2005:24). Para los primeros, La destrucción del campesinado se daría por la vía de la diferenciación: capitalización o proletarización. Pero también se produce por la supremacía de la agricultura capitalista que torna ineficiente a la agricultura campesina. Para los segundos, a pesar de la descampesinización, también es cierto que el campesinado en ciertas condiciones es reproducido incluso por el capital, que le ofrece tierras en arriendo, o venta. Pero también el campesinado se reproduce a sí mismo en las ocupaciones de tierra. Esta corriente estaría atravesada por posturas que buscan mantener las posiciones (tierras) actuales del campesinado, y otra línea que va por la incorporación de nuevos territorios. La tercera postura, que podría llamarse de “tercera vía” en relación al campesinado, considera que si bien el campesinado desaparece no así el trabajo familiar en la agricultura. De aquí que utilicen el concepto de agricultor familiar y eviten la noción de campesino (Martins de Carvalho, 2005). Cada paradigma abona diferentes conceptualizaciones del campesinado, interpreta su relación con el mercado, el Estado y la tecnología de distinto modo, valora su aporte a procesos de cambio social de diversa manera, y por ende, entiende su acción política en forma disímil.
En Argentina, en cambio, el debate campesino no alcanzó semejante impronta teórica. Podemos encontrar, en principio, dos razones a esta relativa invisibilización de la cuestión campesina en Argentina. En primer lugar, el carácter eminentemente agroexportador del país sesgó la problemática del desarrollo agrario en la Argentina y el estudio de las transformaciones sociales y productivas, hacia los procesos económicos y sociales que ocurrían en la pampa húmeda. De esta manera, dicha región, asociada a la empresa familiar capitalizada (los chacareros o colonos a los que haremos referencia más abajo), se erigió como el modelo estereotipado de la estructura social agraria argentina. Como sostiene Dargoltz (2003) “al identificarse a la región pampeana con el resto del país, las regiones carecieron de pasado, de historia, de economía y por cierto que otras formas de producción pasaron a ser totalmente dependientes de la pampa húmeda” (pág. 6). En este marco, la subordinación de las economías regionales a un desarrollo nacional centrado en la región pampeana supuso tanto la exclusión de regiones productivas como el silenciamiento y arrinconamiento de una heterogeneidad de sujetos sociales agrarios (campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, etcétera). De esta manera, la naturaleza económica de tal proceso oscurece otras dimensiones en juego como culturas, estilos de vida y estrategias productivas que subyacen a las particularidades de la estructura social agraria argentina. En segundo lugar, Posadas (1997) sostiene que “no vamos a encontrar reflexiones ni discusiones del tenor de las llevadas a cabo por los campesinistas y descampesinistas mexicanos, ni un volumen de estudios de caso, como los efectuados en Ecuador o Perú” (pág. 74), ya que en ese período Argentina atravesaba por un período político dictatorial que impidió la reflexión crítica pública (Giarracca; 1990).
Situados en su mayoría en regiones “periféricas” en relación con el “centro” pampeano, el debate campesino partía del consenso de que los campesinos argentinos no podían ser asimilables a los campesinos latinoamericanos ni eran totalmente capitalistas, ya que se trataba de unidades que raramente se mantenían fuera del mercado, que cuando podían utilizaban mano de obra asalariada y que en la mayoría de los casos habían nacido al calor del desarrollo agroindustrial (de la caña de azúcar, del algodón, la yerba mate, el té, la vid, etcétera (Giarracca y Teubal; 2005). Es decir, en Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, los campesinos no se limitaron a producir alimentos básicos para el consumo interno, sino que desde sus orígenes y en las regiones no pampeanas integraron algunas de las cadenas agroindustriales más importantes como proveedores de insumos y mano de obra (Tsakoumagkos, 1987).
De esta manera, el objetivo de las ciencias sociales en relación con las unidades campesinas fue, si bien esto no significa dejar de lado la lógica interna de las unidades campesinas, “buscar su sentido en el rol que la misma cumple en la expansión del capitalismo, porque no es posible hablar del campesinado en abstracto, sino que su explicación radica en la formación social concreta en la que se desenvuelve” (Tsakoumagkos, 1987: 230). En otras palabras, ello implica considerar la relación entre la expansión del capitalismo y la “funcionalización” (o su disfuncionalidad, podríamos agregar nosotros) del campesinado por parte del modo de producción capitalista que lo subordina. Este punto de partida imposibilitó un debate teórico acerca de los rasgos que caracterizan al campesinado más allá de lo que Santos (2000) denominó como “la monocultura del monoproductivismo capitalista” que supone la idea de que el crecimiento económico y la productividad mensurada en un ciclo de producción determinan la productividad del trabajo humano o de la naturaleza. En este contexto, los cientistas sociales se dedicaron a analizar (y por supuesto, nominar) como las características estructurales de este sujeto al que nosotros llamamos campesino fueron variando a través de los distintos períodos históricos como consecuencia de las trasformaciones ocurridas en el modelo agropecuario.
Así durante el período ISI, el término “campesino” fue utilizado mayormente para designar a una forma de organización económica distinta de la capitalista donde prevalece el trabajo familiar y donde si bien existe venta y compra de mercancías, ésta no alcanza ningún excedente una vez terminado el ciclo productivo. En este sentido, Archetti y Stølen (1975) sostenían que “En este tipo de economía el productor se ‘reproduce’ con su familia sin que haya un proceso de capitalización que le permita expandir sus actividades, ya sea comprando más tierra o modificando la tecnología utilizada” (Archetti y Stølen, 1975:152). Por ende, para Archetti (1974), la economía campesina constituye lo que Marx en El capital (1974) definió como economía mercantil simple, que difiere principalmente de la capitalista en que no busca la obtención de ganancia a través de la contratación de fuerza de trabajo, sino que tiene como objetivo final la satisfacción de necesidades.
En esta misma dirección, Murmis (1980) sostenía que la unidad de producción fundada en la combinación de tierra y trabajo familiar, es “la unidad campesina por excelencia”. Sin embargo, para el autor ésta no es más que un punto de referencia, ya que el autor creyó positivo para el análisis de las unidades campesinas o con rasgos campesinos la construcción de una tipología donde el límite superior esté marcado por un tamaño que no le permita basarse en la renta de la tierra y el inferior enfatice el carácter de “productor” (en otras palabras, unidades cuya significación como productora es limitada por ser muy pequeñas o ya semiproletarias). De aquí que “las unidades campesinas no sólo son parte de un conjunto más amplio [el de pequeños productores], sino también que tienden a estar “en flujo hacia” o “resistiendo un flujo hacia” otros tipos de unidades productivas que en algo se le asemejan” (Murmis; 1980: 2). Así, dentro de este espectro, “existe una amplia gama combinatoria de trabajo familiar y tierra; siendo estos dos factores productivos los ejes que se toman para delinear las numerosas definiciones de campesinos, tanto en forma genérica como en el caso particular de nuestro país” (Posadas; 1997: 77, las cursivas pertenecen al original).
Estas caracterizaciones fueron de suma importancia dentro de los estudios rurales en Argentina, en primer lugar, porque permitían diferenciar al campesinado de otro sujeto importante de la estructura agraria argentina más ligado a los sectores medios rurales, y que fuera denominado de distintas maneras, según la zona geográfica en donde están asentados: chacareros o farmers, para la región pampeana y colonos para las regiones del nordeste. De esta manera, para Francisco Delich (1972), los campesinos constituían “una cuarta clase” ubicada entre la clase media rural y los asalariados. En segundo lugar, porque esta “cuarta clase” en el agro argentino, como podría sostener Delich, se diferenciaba por poseer una racionalidad diferencial en términos económicos en relación con los otros sujetos sociales pertenecientes a la estructura agraria argentina, es decir, racionalidad caracterizada, como sostiene Chayanov, por la subsistencia y no por la obtención de una tasa normal de ganancia.
De esta manera, para el economista agrario Pedro Tsakoumagkos (1987), sostiene que el campesinado es funcional al capitalismo pero subordinado al proceso de valorización del capital, subordinación que involucra desde el comienzo a las esferas de la circulación y de la producción campesina, ya que entre otros factores, poseen la tierra bajo formas que no implican pago de renta; proveen de insumos agroindustriales en condiciones de marginalidad a escala internacional e ineficiencias en una industria significativa a nivel nacional; experimentan presiones crecientes sobre el proceso de producción por falta o pérdida de acceso al desmontado, necesidad de agroquímicos y necesidades financiamiento externo y falta de alternativas; ofrecen mano de obra “barata” a la agroindustria por el escaso poder de negociación, por la utilización de trabajo familiar gratuito y por la elusión de legislación laboral.
Sin embargo, la implementación de las medidas liberales a partir de la década de 1990, cuya consecuencia será la conformación de un modelo concentrador y excluyente en el agro argentino pero sobre todo para las unidades campesinas, conllevó a que esta racionalidad diferencial del campesinado no sea analizada como una faceta inherente a las dinámicas de las unidades campesinas sino a la falta de adecuación de estas al sistema económico imperante. En este contexto, la idea de funcionalidad del campesinado va dejando lugar al concepto de “exclusión”, ya que no es posible pensar en una inserción subordinada en el sistema pero funcional al capital agroindustrial de la producción campesina. Se trata de un proceso tendiente al arrinconamiento de estas unidades. En este nuevo contexto, los campesinos quedarían “acampando”, persistiendo como “población redundante” (Murmis, 1994). Cabe aclarar que esta imagen difiere de las visiones descampesinistas, para las cuales el avance del capital proletarizaría grandes masas campesinas; en este caso los campesinos son identificados como “pobres rurales” junto a asalariados, productores familiares empobrecidos y aborígenes (Craviotti y Soverna, 1999).
En este nuevo contexto, el campesinado pasó a ser definido a partir de sus carencias estructurales (la ausencia de niveles de capitalización, producción para la subsistencia, el carácter marginal de su producción, etcétera). En este contexto, desde una estrategia metodológica cuantitativa a partir de datos primarios y/o secundarios , autores como Caracciolo Basco et al (1978), Manzanal (1988 y 1990), Borro y Rodríguez Sánchez (1991), entre otros relacionaron al campesinado con minifundistas entendidas como unidades subfamiliares, es decir, predios con mano de obra preeminentemente familiar, no orientadas ni integradas a la economía de mercado o solo parcialmente integradas o cuya superficie que permite el trabajo de hasta dos hombres/año en forma permanente y donde la superficie de corte del estrato se realiza en función de las características productivas dominantes. A su vez, Forni y Neiman (1994), Tsakoumagkos, Soverna, Craviotti (2000) y Murmis (2001), entre otros, relacionaron al minifundista con pobreza rural, entendiendo por estas a aquellas caracterizadas por un bajo o mínimo nivel de capitalización, reducidos niveles de flujos monetarios y una organización social de la unidad asentada, prácticamente en forma exclusiva, sobre el uso de mano de obra familiar y en las que se cumple que: a) la explotación es dirigida directamente por el productor; b) no dispone de tractor y tampoco contrata servicios de maquinaria para la realización de las tareas; c) no utiliza trabajadores remunerados no familiares en forma permanentes. Estas dos últimas caracterizaciones están muy relacionadas al diseño de políticas públicas desde organismos nacionales como el Programa Social Agropecuario (PSA) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Con el avance del modelo del agronegocio y la situación de exclusión del campesinado del mismo, en el espacio académico como en el de las políticas públicas, la noción de “agricultura familiar” ha comenzado a ganar terreno en detrimento del uso de campesinado. Un ejemplo de este deslizamiento es el estudio reciente realizado, con el aporte del PROINDER y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), sobre los pequeños productores de la República Argentina , cuyo objetivo remite al dimensionamiento de su peso económico y laboral sobre la economía nacional en base a los datos del CNA 2002 (Obschatko, Foti, Román, 2006). Las autoras parten de la vinculación del pequeño productor con la explotación agropecuaria familiar como términos intercambiables, en base a la hipótesis de que “las explotaciones agropecuarias de pequeños productores son aquellas en las que el productor o socio trabaja directamente en la explotación y no emplea trabajadores no familiares remunerados permanentes” (2006:14). En base a esta definición, construyen una tipología de pequeños productores que pone énfasis en los niveles de capitalización para determinar el nivel de ingresos y de producción de las explotaciones, contemplando un criterio de regionalización que pueda dar cuenta de las diferentes orientaciones productivas. A la variable correspondiente a la superficie total de explotación se le asigna un peso relativo subordinado, y la delimitación queda librada a criterios de “razonabilidad” referenciados en la cantidad de hectáreas “factibles de ser explotadas con mano de obra familiar” (Obschatko, Foti, Román, 2006). De esta manera, como resultado del análisis de los elementos mencionados, distinguen tres tipos de pequeños productores familiares: un estrato superior capitalizado; un estrato intermedio y un estrato inferior de pequeño productor familiar. (Obschatko, Foti, Román, 2006: 36).

Así, lo que la teoría social durante años había insistido en delimitar, es decir, al campesinado del chacarero/colono (en el caso argentino), el pequeño productor familiar capitalizado en términos de Obschatko, Foti y Román (2006), queda nuevamente unido bajo la noción de “agricultura familiar”. Sin embargo, como sostienen García Guerreiro et al.; 2009) “se trata también del abandono de toda perspectiva que contemple una lógica propia del campesinado dentro de la omnipresente lógica de desarrollo del capitalismo” (pág. 7).
En este sentido, creemos que las diferentes definiciones acerca del campesinado en Argentina hacen énfasis en el carácter residual de la economía campesina en el desarrollo capitalista y el difícil devenir de estos sujetos en contextos de integración en los procesos de modernización. Es decir, se produce un conocimiento que es mayormente sobre la descomposición de un sujeto y no sobre su consistencia. A su vez se reflexiona sobre la incapacidad del sistema capitalista y de la modernidad como proyecto occidental de absorber definitivamente las realidades campesinas. En otras palabras, se trata de abordajes epistemológicos sobre este desencuentro que no hacen más que recordar aquella frase de Shanin acerca de la incomodidad del campesinado. Es por ello, que el campesinado es analizado como proceso de extinción o bien de mutación en términos de la lógica del capital.
De aquí que se desprendan dos caminos posibles para las unidades campesinas. El primero de ellos, anclada sobre el carácter improductivo del campesinado, basado en lo que Santos (2000) denominó la monocultura del tiempo lineal, la cual admite que la historia tiene un sentido, una dirección, marcados por la idea de progreso, modernización, el desarrollo de las fuerzas productivas llevaría a la desaparición de las unidades campesinas y por ende, a la proletarización de los mismos. El otro, anclado en la idea de “interpretar economías de subsistencia como retrazadas y reprimidas, la pobreza ‘culturalmente percibida’ se ve como la pobreza real” (Cochrane; 2006:1), ha levantado a toda una industria del desarrollo. En efecto, frente a esta situación de exclusión en su faceta socio–económica, como consecuencia del modelo del agronegocio, la respuesta del Estado para atemperar los costos del ajuste fue la implementación de programas estatales -Cambio Rural y el Programa Social Agropecuario, entre otros- que incluyen en sus objetivos lograr una mayor escala a través de la promoción de formas asociativas. En términos generales, las políticas de Desarrollo Rural implementadas por el ahora Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA) han tenido como objetivo “mejorar la calidad de vida y aumentar los ingresos de los pequeños productores teniendo una malla de contención frente a las políticas de ajuste y desregulación y, complementariamente, modernizar, reconvertir y diversificar las explotaciones para alcanzar niveles de productividad sustentables y con capacidad competitiva” (SAGPyA; 1997, Documento de Estrategia). En este contexto, como sostiene Carballo (2004) “Tal enfoque, con sus más y sus menos se generalizó, e hizo tan ‘natural’, que las propuestas para quiénes son discriminados negativamente o excluidos de los beneficios de las políticas públicas, se efectúan sin tener en cuenta que sólo se está considerando las complejidades existentes en ‘una de las dos caras de la misma moneda’, y que la viabilidad de las mismas depende también de la posibilidad de frenar el avance arrollador del modelo hegemónico” (pág. 3).
En definitiva, quienes echan mano de categorías tales como, pequeño productor familiar, minifundista, pobre rural, etc. acaban por delimitar los trazos de un sujeto en términos de su carencia. Desde tal óptica estamos frente a sujetos limitados o desposeídos de capacidad o agencia; carentes de potencia tecnológica o incapaces de incorporarla, poseedores de tierras insuficientes, sin aptitudes para integrarse a los mercados y a la gestión productiva, refugiados en su propia pobreza, incompetentes para acumular capital, no viables, etc. Estas carencias son colocadas unas veces como atributos del sujeto y otras como resultado de la posición relativa de los mismos en la estructura social. El campesinado aparece entonces como sector irrelevante que sobrevive o se refugia en los intersticios o nichos del sistema agroalimentario (participación en el mercado de insumos y productos) y la estructura agraria (participación en la tenencia de la tierra) debido a un avance aún incompleto pero inevitable de las relaciones sociales capitalistas en el agro. Se trata de matices entre aspectos intrínsecos de las unidades o bien de problemas del campesinado dados aspectos estructurales en base a dinámicas sociales que lo excluyen.
Sin embargo, lo que las diferentes definiciones acerca del campesinado han puesto de relieve en términos epistemológicos es el carácter colonial y moderno de las ciencias sociales. Por un lado, porque conocer significa cuantificar, aún cuando las cualidades de los objetos no son tenidas en cuenta, y en donde la complejidad del mundo social es reducida a partir de la división y clasificación para luego poder especificar las relaciones sistemáticas entre las partes (Santos; 2000). Es decir, se privilegia cómo funcionan las cosas en detrimento de cuál es el agente o cuál sea el fin de las cosas. Por el otro, porque el sujeto que habla siempre está escondido, se disfraza, se borra del análisis al igual que su ubicación epistémica. Frente a este desperdicio de la experiencia, como podría sostener Santos (2000), se trata de rescatar la articulación entre los saberes campesinos y sus prácticas. Esto supone desplegar una forma de conocimiento para la cual conocer es reconocer en un sentido que implica elevar al otro (en nuestro caso a las/os campesinas/os) de la condición de objeto a una condición de sujeto (Santos; 2000). Desde este punto de vista epistémico, por un lado, se intenta trascender el dominio global de la ciencia moderna por el conocimiento regulación (CR) que trajo consigo la destrucción de muchas formas de saber que volvieron impronunciables las necesidades y aspiraciones de distintos grupos sociales, y por el otro, revalorizar el conocimiento de las realidades campesinas en el marco de una ecología de saberes, en donde el eje está puesto en las articulaciones y las convergencias, en relaciones dialógicas situadas en espacios geográficos y sociales.

2. El objeto vuelto sujeto se autoidentifica

Quizás, desde la vuelta de la democracia, la primera reaparición pública en términos mediáticos y signo de la existencia de campesinos en Argentina, haya sido la publicación en el diario Clarín del conflicto de La Simona (Santiago del Estero) en el año 1998. En esa oportunidad, se trataba de la crónica sobre la resistencia de miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero al desalojo de sus tierras por parte de un empresario. Dicha noticia daba cuenta no sólo de la conflictualidad en el campo en torno a la propiedad de la tierra, sino también de la existencia de campesinos organizados en la provincia como en otras regiones del noroeste y noreste argentino. Esta situación que asombraba a los lectores de un diario porteño de tirada nacional, era la expresión de un proceso organizativo que había comenzado poco después del regreso a la democracia en las provincias de Formosa (Movimiento Agrario Formoseño, antecesor del Movimiento Campesino de Formosa), Misiones (Movimiento Agrario Misionero), Chaco (Unión de Pequeños Productores de Chaco) y que luego se expandiera hacia otras provincias. A partir de aquí la presencia de noticias en los medios de comunicación se relacionaba con los conflictos por la tierra. Con el llamado “conflicto del campo” en el año 2008, la aparición pública en los medios de comunicación de las organizaciones campesinas de carácter nacional (el Movimiento Nacional Campesino e Indígena y el Frente Nacional Campesino) ya no se sitúa en la crónica en torno a los conflictos por la propiedad de la tierra sino en un posicionamiento político. En efecto, a través de la publicación de una serie de comunicados, las organizaciones campesinas mostraban no sólo la necesidad de complejizar “el conflicto del campo” más allá de su registro económico al incorporar la cuestión campesina sino también interrogaban las formas en que fue concebido “lo campesino” por parte de las ciencias sociales en Argentina.
En efecto, en su discurso público estas organizaciones campesinas hacen hincapié en cuatro proclamas íntimamente relacionadas que ponen en tela de juicio el tipo de crecimiento y desarrollo económico que propugnan los apologistas de una agricultura de monoculturas industriales o del agronegocio que delinea un sistema agroalimentario global regido por un puñado de transnacionales: la Reforma Agraria, la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y lo que podríamos llamar demanda por Justicia Ambiental, lo que incluye una crítica a los efectos del agronegocio como los desmontes, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, etc. Estos ejes a los que hacemos referencia se inscriben en el despliegue que tiene a nivel internacional y regional la articulación de organizaciones campesinas. Pero también son asumidos como apuestas por organizaciones locales o de escala nacional que no están articuladas a nivel internacional.

2.1. Reformas Agraria Integral

El acceso a la tierra como factor de producción y reproducción ha sido históricamente un eje de lucha del campesinado. En el caso particular de Argentina no se implementaron procesos de reforma agraria o de distribución sistemática de tierras, aunque si existieron iniciativas parciales de acceso o reconocimiento de la tenencia de la tierra en épocas del peronismo (Leon y Rossi, 2006). Sin embargo, el campesinado argentino si emprendió acciones de ocupación de tierra en distintos períodos, lo cual junto a otros elementos, ha configurado un escenario de conflictividad. Hoy, las organizaciones campesinas, incluso en Argentina, han resignificado su proposición de reforma agraria a la luz de los fracasos de experiencias concretas motorizadas por el Estado o el mercado a lo largo del siglo XX . En este marco, la propuesta de “reforma agraria integral” apunta a reinscribir la cuestión del acceso a la tierra al colocar al territorio como centro de demanda y rodeando a la dimensión productiva con otras que hacen a la reproducción de un modo de vida, la cultura, el conocimiento, entre otras dimensiones. La propuesta de reforma agraria integral incluye la discusión en torno a la superación de las limitaciones de la propiedad privada, colocando en el horizonte la exploración de formas de tenencia comunitaria tendientes a conformar una territorialidad campesina, en tanto control colectivo del espacio. La existencia de campos comuneros, asentamientos, el desarrollo de las reservas campesinas y el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones campesinas ponen de manifiesto los intentos de reconfigurar la comuna campesina como espacio de producción y reproducción del campesinado. Algunos ejemplos de estos procesos de comunalización y densificación de vínculos locales se observan en zonas rurales de Santiago del Estero donde tiene presencia el MOCASE-VC, o en las decenas de “Reservas” campesinas de la UNPEPROCH a lo largo de la provincia de Chaco (Barbetta, 2009; Dominguez, 2009; Gepcyd, 2009). En torno al control territorial, podemos agregar también la puesta en marcha de parcelas comunitarias, los campos de pastoreo común. Todas experiencias al margen del sistema jurídico formal. Finalmente, este repertorio de acciones del campesinado organizado se ha plasmado en otros niveles, como los casos de proyectos de ley sobre “Reforma Agraria Integral” para que sirvan como marco legal de las estrategias de reproducción del campesinado como sujeto socio-económico.

2.2. Soberanía Alimentaria

A su vez, la ascendente movilización campesina impone una querella en torno de la cuestión alimentaria. Se trata de instalar la discusión sobre el qué, el cómo y el para quien de la producción agroalimentaria, que implica recuperar al campesinado en su rol histórico de productor directo de alimentos. Así se ha configurado un discurso sobre los derechos a la producción, procesamiento, acopio, comercialización y consumo de alimentos, interpelando con esto último en forma directa a las poblaciones urbanas, sobre todo a las que tienen problemas de acceso a los alimentos en las condiciones que emplaza el supermercadismo. La síntesis, elaborada por la Vía Campesina, y acomodada a cada realidad nacional por las organizaciones campesinas locales, lleva el nombre de “Soberanía Alimentaria”: “Es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable (…). La soberanía alimentaria (…) defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables” (Vía Campesina, 2003). Las organizaciones campesinas han jugado un rol fundamental en el formulación de esta propuesta que confronta con el abordaje de la Seguridad Alimentaria que los organismos multilaterales y la industria ha propuesto. El enunciado de la Soberanía Alimentaria se establece como oposición programática a las políticas neoliberales, y con ello las expresiones del activismo campesino en los distintos lugares cobran coherencia e inteligibilidad. La provisión de los mercados alimentarios regionales, en tanto parte de una estrategia extendida, cobra vigor al punto de impactar en la definición de precios y calidad de los productos en el mercado de pequeñas y medianas ciudades. La cuestión alimentaria, como interfase entre el campo y la ciudad, se torna herramienta de intercambio político, capaz de vehiculizar acciones conjuntas entre sectores urbanos y rurales, a la vez que posibilita cierto marco para repensar la proyección del modelo industrial, insumo-dependiente, altamente mecanizado, basado en la aplicación de agroquímicos e ingeniería genética, en la agricultura. Son ejemplos las experiencias, a lo largo de las distintas provincias y organizaciones campesinas, de producción y procesamiento, los sistemas silvo-pastoriles, las fabricas de dulce y conservas, fabrica de chacinados, el encadenamiento productivo (vino, tomate, oliva, quesos, harina del algarroba, hierbas medicinales, yerba mate, miel de monte, balanceado para animales de granja, cultivos andinos e hilados, horticultura, y ganadería comunitaria (mayor y menor). El despliegue de estas experiencia se entronca con un conjunto de prácticas que podríamos integrar en lo que se ha denominado “comercio justo” (Carballo Gonzalez, 2000; Guerreiro, 2009; Lapegna, 2005): red de comercio justo de Córdoba, Red Tacurú, Puentes del Sur, Mercado de Bonpland, El Galpón, Asociación de Ferias Francas –Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa), los sistemas de carnicerías del MOCASE-VC.

2.3. Agroecología

Otro eje que sustenta el discurso y la práctica campesina, en torno a la relación entre producción, tecnología y naturaleza, es la “agroecología”. Esta surgió como una propuesta de otra forma de desenvolvimiento basada en el aprovechamiento de la diversidad social y de los sistemas agrícolas. La propuesta agroecológica es tomada por las organizaciones como una alternativa a la agricultura industrial en gran medida debido a los vasos comunicantes que existen entre aquella y los modelos tradicionales de agricultura campesina e indígena. La autonomía con respecto a los insumos, la integración de actividades productivas diversas, la generación y adopción de tecnologías apropiadas, la revalorización de los conocimientos campesinos, son elementos con gran potencial para el desenvolvimiento de las comunidades. En un contexto donde el sentido emancipador de la racionalidad moderna es fuertemente cuestionado, el campesinado ha encontrado en el rescate de su propio corpus de conocimiento la posibilidad de supervivencia. Es cierto que este conjunto de saberes son generados en las comunidades rurales a partir de la observación detallada, sistemática de la naturaleza y que son transmitidos de generación a generación por la tradición oral y por la práctica en el contexto de la actividad productiva familiar (cultivo de varias especies; control de malezas, control de insectos y enfermedades casi sin químicos; fertilización orgánica; rotación de cultivos; integración agro-pecuaria-forestal; y uso de recursos y energía locales), como así también por aquellos saberes que pueden ser considerados “conocimiento de otros”. Es decir, aquellos aprendidos en el trabajo como peones rurales o aquellos impuestos por organismos estatales que a través de soluciones homogeneizantes pretenden convertir a las unidades campesinas en modernas unidades de producción. Las iniciativas de escuelas de formación y centros de experimentación en Santiago del Estero y Mendoza, o de la participación de campesinos de Argentina en los espacios de formación agroecológica y política del Movimiento Sin Tierra de Brasil, constituyen estrategias desplegadas por las organizaciones campesinas para la difusión, adaptación y adopción de la agroecología (Michi, 2010). También cabe destacar las experiencias de las escuelas de la memoria del MNCI, así como los espacios de intercambio de saberes e innovación tecnológica, como las ferias de semillas, fabricación de
maquinaria apropiada, exposiciones campesinas, y las ferias de campesinos andinos que llevan el nombre de cambalache.

2.4. Justicia Ambiental

Dentro del eje de Justicia Ambiental se aborda la dimensión ambiental de la injusticia social. Aquí se articulan acciones orientadas a garantizar el derecho a un medio ambiente seguro, sano y productivo para todos, contemplando distintas dimensiones (ecológica, social, política, estética y ecológica) en la concepción del medio ambiente. La cuestión ambiental ha ido tomando un mayor peso en los planteos de las organizaciones campesinas e indígenas a partir de los conflictos desatados por los avances de las actividades extractivas en sus territorios. En efecto, el desarrollo de la megaminería, de los desmontes y la expansión de la agricultura industrial han impactado sobre las economías campesinas imposibilitando su desenvolvimiento. Esta situación ha involucrado a las organizaciones campesinas, en articulaciones con el movimiento ambientalista, las asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales ecologistas, en la defensa del derecho a un ambiente sano, al acceso igualitario a los bienes naturales comunes y al rechazo de las actividades contaminantes. En esta línea se destacan la implementación de campañas y acciones contra los transgénicos, los desmontes y la desertificación del MNCI, y la integración de “Paren de Fumigar” para limitar y reglamentar la aplicación de agrotóxicos. En el nivel local se han multiplicado en distintas provincias acciones para lograr el acceso al agua para consumo humano, animal y de riego, y se han hecho aportes a las propuestas de ordenamiento territorial para la implementación de la Ley de Bosques. Es importante mencionar a nivel de las articulaciones con otros movimientos sociales, la participación en la Unión de Asambleas Ciudadanas contra la megaminería y actividades contaminantes.

En definitiva estas cuatro propuestas, además de tejer puentes con otros sujetos políticos evitando reducir sus demandas al plano corporativo, se articulan entre sí, como lo expresan las organizaciones de la Vía Campesina en la Declaración Final del Foro “Tierra, Territorio y Dignidad”, de marzo de 2006, realizado en Porto Alegre, Brasil: “¡Por una Nueva Reforma Agraria basada en la Soberanía Alimentaria!”. De modo tal que el acceso a la tierra para el campesinado y la configuración de un sistema agroalimentario alternativo se implican mutuamente a la par que suponen un paradigma tecnológico, anclado en modos de vida que controlan la producción y en saberes tradicionales, crítico de la privatización e instrumentación de la naturaleza . En el Primer Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, realizado en Buenos Aires, en septiembre de 2010, la principal consigna fue "Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos".

3. Comentarios finales.

En este trabajo intentamos explorar la vigencia que sigue teniendo el concepto campesinado para dar cuenta de ciertas realidades del campo argentino. Vimos que sigue siendo pertinente su uso en tanto se observa que un conjunto amplio de organizaciones y poblaciones rurales se auto-identifican campesinas, dotando de un significado particular un concepto con vasta trayectoria en los estudios rurales. Son ellos y ellas los que hoy porotagonizan un conjunto de campos de experimentación social que exceden la monocultura del monoproductivismo capitalista y del tiempo lineal, haciendo que se diferencien cualitativamente de las distintas caracterizaciones del sujeto. Pequeño productor, minifundista, pobre rural, trabajador rural, son formas de abordar al sujeto desde la carencia, y atado a la lógica del capital.
Soberanía Alimentaria, Reforma Agraria Integral, Agroecología, y Justicia Ambiental, dan cuenta, por un lado, de la historicidad del sujeto que muchas veces no es tomada en cuenta salvo para designar su extinción inevitable y, por el otro, de la capacidad del sujeto de insertarse en debates actuales que convocan a toda la sociedad, introduciendo demandas que permiten englobar a otros sectores. Parafraseando a Dussel, refiriéndose a la trans–modernidad, la cuestión campesina en Argentina, no se trata de un proyecto pre-moderno, como afirmación folklórica del pasado; ni un proyecto anti-moderno de grupos conservadores, sino de una acción política de liberación económica, ecológica, cultural, tecnológica, etc.

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